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Noticias Sobre Energía


	El proyecto de ley no contempla un plan nuclear completo Avanza la puesta en marcha de una cuarta central nuclear (FeTERA SEMANAL N° 530 28.10.09). Por pedido del Diputado Claudio Lozano, miembros de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, FeTERA-CTA, estuvieron presentes en la reunión de la Comisión de Energía para aportar al mejoramiento de la ley, con el conocimiento académico y con la mirada de los trabajadores al proyecto para la construcción de una central nucleoeléctrica y el reacondicionamiento de Embalse. Hicieron uso de la palabra el Ingeniero Agustín Arbor González, de la La Asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, APCNEAN; Dr. Jaime Pahissa Campá; Ing. Bernardo Mourning y Hugo Mugliaroli de la Sociedad Argentina de Física Médica; Oscar Lagos, Secretario Gremial de FeTERA. Suplementos FeTERA FeTERA Lucha por la Recuperación de la Energía FeTERA Internacional FeTERA Derechos Humanos FeTERA No al TARIFAZO (Agencia FeTERA 28-10-09). El alcance de la ley El compañero Agustín Arbor González, Secretario de APCNEAN, al ser consultado, por la Agencia FeTERA, después de la reunión de la Comisión de Energía del Congreso de la Nación, realizada el 27 de octubre/09, sobre el tratamiento de la Ley expresó que si bien es de importancia para el país, solo reactiva la generación nucleoeléctrica, deja de lado aplicaciones médicas, y se estaría enfocando un plan nuclear incompleto, que no toma en cuenta el tema de la minería del uranio. Así también señaló que en los puntos medulares hubo coincidencia, remarcó las interesantes propuestas de solución que se aportaron, y coincidió con lo dicho por el diputado Alberto Cantero sobre la importancia de desarrollar los recursos humanos, punto que tiene un tratamiento especial tanto en la FeTERA como en la APCNEAN. En relación a la minería de uranio fundamentó que Argentina deberá seguir importando concentrado de uranio, debido a que el yacimiento Sierra Pintada está parado; y si hoy la quisiéramos reactivar, se tardarían 3 años en ponerla operativa y mientras tanto, Cerro Solo que aparece como expectativa, necesita mucho tiempo para determinar su viabilidad, pero está muy lejos de ser un yacimiento, porque está en etapa de evaluación y para llegar a la de producción hacen falta muchos años. Sierra Pintada puede producir en tres años y daría el pulmón de 6 mil toneladas para 30 años, para las tres centrales y eso permitiría el desarrollo de la actividad y del País. Argentina está importando concentrado de uranio, desde hace 12 años, materia prima que ingresa a Dioxitec para producir UO2, polvo con pureza nuclear para entrar a la fábrica de combustible. Algunos de los aportes para el mejoramiento de la ley (Reunión de Comisión del tratamiento del Expediente 006 del Poder Ejecutivo del 2009 Mensaje N° 185, Proyecto de Ley del 17 de marzo de 2009 Régimen especial para el diseño, construcción, adquisición de bienes o servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central nuclear de uno o dos módulos de energía de fuente nuclear a construirse y el reacondicionamiento para la extensión de vida de la central nuclear Embalse”. Agustín Arbor González- Secretario General de la Asociación de APCNEAN El tema de la reactivación de la actividad nuclear, es un tema muy importante para el país, hábida cuenta de que la actividad nuclear quedó relegada por más de 15 - 20 años. El hecho de que haya sido puesto arriba del escritorio es significativo, porque la actividad nuclear ha colocado al país entre los más desarrollados del mundo, hecho que se rescata a pesar de los planteles envejecidos y la necesidad del ingreso de personal joven para hacer una transferencia de conocimiento. La Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA debe estar en el proyecto de ley, porque es el organismo madre que ha hecho al desarrollo nuclear en el país, junto con la contribución de los ciudadanos y por eso causa estupor que no haya sido mencionada ni una sola vez, tomando en consideración que el desarrollo de la actividad nuclear en el país se hizo sobre la base del uranio natural y el agua pesada que ha desarrollado todo el combustible en la República Argentina y ese combustible se hizo contando principalmente con la participación de la CNEA. Debe ser declarado de interés nacional, el licenciamiento, es tan importante como el proyecto en sí mismo, porque el licenciamiento tiene que ver con todas las condiciones de seguridad, y en la actividad nuclear las condiciones de seguridad son comunes en todo el mundo, y es necesario el licenciamiento para tener las flexibilidades que se busca con este proyecto. Es necesaria la incorporación, en el proyecto de ley de las argumentaciones técnicas y conceptuales desde el punto de vista estratégico, manifestados por la Presidenta en la nota de cabeza del proyecto de ley. Es sustancial considerar la contribución de la industria nacional que pueda haber en este proyecto, porque la participación de la industria nacional tendrá relación con la elección del tipo de reactor a construir. Para fortalecer la matriz energética. Una matriz energética es más fuerte cuanta más diversidad de fuentes de generación contempla y si solamente tenemos el petróleo, los hidrocarburos y la hidráulica como el 96% de la potencia instalada, con un 4% nuclear, entonces tenemos una matriz endeble. La energía nuclear puede contribuir a mejorar esa matriz con un crecimiento paulatino de su porcentaje en la generación y sobre todo en la potencia instalada. Dr. Jaime Pahissa Campá Hizo hincapié en que la Comisión Nacional de Energía Atómica, debe constar en el proyecto de ley, porque ha sido el ente madre de todo proyecto nuclear argentino y todo lo demás ha sido consecuencia de lo que ha hecho la Comisión Energía Atómica. Porque es necesario pensar en el cambio climático y como ayudaría la energía nuclear a evitar el efecto invernadero. Ing. Bernardo Mourning El proyecto de ley debe establecer claramente qué tipo de central y de qué potencia. El “extiéndese a” no debe existir. El primer párrafo del proyecto, y el primer artículo de la ley dice explícitamente “…para el diseño, construcción, adquisición de bienes o servicios, montaje, puesta en marcha, recepción, operación y mantenimiento de una cuarta central nuclear de uno o dos módulos de energía de fuente nuclear a construirse en la República Argentina y todos los actos necesarios para que puedan concretar la extensión de vida de la central nuclear Embalse….”, cuando se avanza en el articulado, ya no es más la cuarta central la extensión de vida útil de Embalse, ya le agregan “extiéndese a”, éste no debe existir. Tiene que estar claramente puesto en la ley que el reactor CAREM es el primer reactor, totalmente diseñado y que será construido en la República Argentina, si el CAREM es una central nuclear más pequeña debe tener las mismas características y facilidades para ser construida, porque si tiene que entrar en competencia económica con las otras centrales, no puede ser construida sin la excepciones que tienen las centrales con las cuales va a competir. La participación de la CNEA es más importante de lo que puede ser la NASA, hay atribuciones que en el proyecto de ley se le da a la NASA y ésta no puede cumplir sin la colaboración de la CNEA. Recomendar que la CNEA participe en la afinación del tipo de reactor conforme a las instalaciones, programas y conocimiento que ha desarrollado que tienen que ver no solo en el desarrollo nuclear sino en las aplicaciones sucedáneas tanto en la industria medicina y agricultura. La CNEA tiene una base multidisciplinaria de conocimiento y puede definir mejor que tipo de definición tecnológica le conviene al país, en base no solo a la generación nucleoeléctrica que es más especulativa desde el punto de vista económico, sino en aquello que da la base y el sustento para la generación de tecnología. Oscar Lagos, Secretario Gremial de FeTERA La CNEA debe ser la rectora de la actividad nuclear, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nacional de la actividad nuclear N° 2484. Las empresas que se crearon a raíz de la privatización como Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, NASA, puede ser nuevamente privatizada, lo que sería un duro golpe a la reactivación de la actividad nuclear en el país. Reafirmó el apoyo al proyecto para la construcción de una cuarta central nuclear, y manifestó la necesidad de que se establezca un verdadero plan de desarrollo nuclear, ya que este proyecto lo único que contempla es la construcción de centrales nucleares de generación nucleoléctrica. Manifestó a los diputados, asesores, periodistas, presentes que sigue imperando el mismo sistema y las mismas leyes de la década del 90, que permitió el desarme de la actividad nuclear en el país, modelo que varios políticos critican y también rechaza la ciudadanía.




	"El que domine el petróleo tiene una gran influencia sobre las decisiones políticas y económicas del mundo" Petróleo y tarifas Escrito por Gabriel Martínez* (FeTERA SEMANAL N° 530 27.10.0). El valor de extracción de un barril de petróleo es de 6 dólares. El precio de venta es de 42 dólares. 700% de ganancia por extraer un producto que fabricó gratis la naturaleza hace millones de años. El gobierno nacional subsidió esta ganancia por años. Ahora ya no puede porque la economía argentina viene en picada. Por eso aumenta tarifas de gas y electricidad y agrega los cargos específicos que son impuestos encubiertos para que el pueblo subsidie las fabulosas ganancias de las empresas multinacionales. Suplementos FeTERA FeTERA Lucha por la Recuperación de la Energía FeTERA Internacional FeTERA Derechos Humanos FeTERA No al TARIFAZO Lunes, 26 de Octubre de 2009 15:00 (APe).- Cómo se relacionan la geología y la economía en un problema social político y económico de características globales. Hace muchos millones años; nacía la Patagonia. Producto de gigantescas transformaciones geológicas, donde se combinaban terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y fenómenos climáticos de enorme violencia. El Océano Pacífico inundaba buena parte de esas tierras y varios millones de años después, en un escenario no menos violento, la Cordillera de los Andes, contuvo la entrada del mar y sepultó bajo toneladas de piedra a cientos, o miles de metros de profundidad el agua salada y su contenido orgánico, que a partir de esos momentos se cocinaron a enormes presiones y temperaturas durante muchos millones de años más, hasta transformarse en lo que hace algunas centurias se conocía como aceite de piedra y hoy lleva el conocido genérico de petróleo. Este petróleo encontró un lugar cada vez más importante en la actividad económica mundial y hoy constituye la principal fuente energética del mundo, junto al gas y al carbón; que tuvieron procesos de constitución iguales a los referidos. Esa importancia radica en que todos los automóviles, camiones, trenes, y barcos requieren de derivados del petróleo para funcionar. Pero también se requiere petróleo para producir los agroquímicos que abonan casi todas las tierras cultivables del mundo. El petróleo forma parte de los plásticos, y casi todos los materiales sintéticos. Tambíen está presente en las comunicaciones, la electrónica, la medicina, los medicamentos. Es el asfalto de los caminos y está presente en forma directa o indirecta en todos los productos de cualquier tipo que fabrique la industria. Sin petróleo no se puede vivir en el siglo XXI. El problema es que se agota, y los países y los distintos factores de poder del mundo pelean por él. El que domine el petróleo tiene una gran influencia sobre las decisiones políticas y económicas del mundo. Argentina contaba hasta hace casi veinte años con reservas importantes de petróleo y gas. Las privatizaciones y la desregulación de estos recursos, puso a los mismos en manos de empresas multinacionales que realizan sus negocios y obtienen sus ganancias en un sistema sin controles, y con un alto grado de corrupción. En este marco, las reservas de petróleo y gas, hoy alcanzan para solo seis años. Por eso ya se importa gas y gas oil. La electricidad, en nuestro país, se genera en un 60 %, a partir del gas y del petróleo. El modelo privatizador que defiende el gobierno nacional y los de las provincias; encarece la tarifas de electricidad y gas en forma artificial. El valor de extracción de un barril de petróleo es de 6 dólares. El precio de venta en la destilería es de 42 dólares. 700% de ganancia por extraer un producto que fabricó gratis la naturaleza hace millones de años. El gobierno nacional subsidió esta ganancia durante algunos años. Ahora ya no puede hacerlo porque la economía argentina viene en picada. Por eso aumenta tarifas de gas y electricidad y agrega los cargos específicos que son impuestos encubiertos para que el pueblo subsidie las fabulosas ganancias de las empresas multinacionales. El tarifazo es una estafa al pueblo, y no tiene justificativos técnicos. *Secretario de Organización de FeTERA (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina) Edición: 1620





	Nos conviene apostar por la energía nuclear La necesidad de energías limpias obliga a dirigir la mirada hacia las que sean también masivas y competitivas. Por: Felipe de la Balze La Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que se reúne en Copenhague el mes próximo, pondrá en la palestra la necesidad de promover energías limpias en sustitución de aquellas contaminantes que contribuyen al calentamiento global como el petróleo, el gas y el carbón. El consumo de electricidad en la economía mundial se duplicará durante los próximos treinta años. Satisfacer dicha demanda emitiendo menores cantidades de gases contaminantes costará tiempo y plata. Las llamadas energías renovables están incrementando su participación en la matriz energética global. Es tentador pensar que el sol y el viento (que son gratis) y los biocombustibles puedan ser una fuente infinita de energía no contaminante. Desafortunadamente, las energías renovables sufren algunas limitaciones. Los costos aún son altos en comparación con el carbón y el petróleo, y su difusión requerirá subsidios gubernamentales por bastantes años. La luz solar y el viento son intermitentes y no pueden proveer la electricidad masiva que necesitamos hasta tanto no se desarrollen formas económicas de almacenamiento. Los biocombustibles requieren el uso de grandes extensiones de tierra, lo que incrementa sensiblemente sus costos y el precio de los productos sustitutos. Sin duda, futuras innovaciones tecnológicas facilitarán una mayor participación de estas energías renovables en la matriz energética. Pero, en el mediano plazo, es poco realista asumir una rápida sustitución de la generación eléctrica de origen fósil (que provee más del 70% de las necesidades mundiales) por energías renovables. No existen, por ahora, fuentes de energía limpias, masivas y competitivas que no sean la nuclear y la hidroeléctrica. Después de dos largas décadas de letargo, la energía nuclear retornará al centro del escenario energético mundial. El nuevo interés tiene fundamentos sólidos en la realidad. Los costos de la energía nuclear son mucho más bajos que los de una usina eléctrica convencional. Las usinas nucleares casi no emiten gases de efecto invernadero. Además, los nuevos reactores son más seguros, tienen mayor vida útil y menores costos de mantenimiento. El tema de los desechos nucleares tóxicos generados por las plantas no está resuelto, aunque los reactores más nuevos producen menores cantidades. Por el momento, los desechos son reprocesados y reutilizados como combustible en la propia planta (como en Francia) o depositados en lugares seguros en las propias plantas a la espera de una solución más permanente (esto ocurre en la mayoría de los países, inclusive en la Argentina). Los costos de construcción de las usinas nucleares son muy altos, lo que dificulta su financiamiento en los mercados de capitales. Usualmente, los nuevos proyectos dependen de la obtención de garantías gubernamentales. Por esta razón, algunos piensan que el futuro estará en reactores más pequeños que serían más seguros, menos costosos y más rápidos para construir. La Argentina, Sudáfrica y Corea están realizando investigaciones sobre este tema. En la actualidad, 439 usinas nucleares, dispersas en 31 países, proveen el 15% de la electricidad mundial. La amenaza del calentamiento global, así como la buena experiencia acumulada en la operación de dichas plantas, está modificando la imagen de la energía nuclear en la opinión pública.Treinta y cinco reactores están en construcción. La mayoría de ellos en países en vías de desarrollo que decidieron incrementar la participación de la energía nuclear en su matriz energética. En los Estados Unidos, después de casi 25 años, una agencia gubernamental (la Tennesee Valley Authority) está construyendo una usina atómica y en Washington se está discutiendo la posibilidad de un relanzamiento de la energía nuclear. En Europa, después del accidente de Chernobyl (Ucrania, 1986), la mayoría de los países, presionados por su opinión pública, congelaron sus programas nucleares. A pesar de ello, aproximadamente el 30% de la energía consumida en Europa en la actualidad es generada por 150 plantas nucleares, en su mayoría construidas antes de 1986. Francia y Finlandia están construyendo nuevas usinas atómicas y el gobierno británico anunció el relanzamiento del programa de energía nuclear. Varios países europeos, que habían decidido gradualmente cerrar sus usinas nucleares, optaron por mantenerlas en funcionamiento. El gobierno alemán de Angela Merkel está considerando postergar la decisión de clausurar sus 18 plantas atómicas para el año 2022. España también resolvió postergar el cierre de su planta más antigua. En Italia, en 1987, un referéndum popular cerró las plantas nucleares en funcionamiento. Sin embargo, recientemente una ley del Parlamento reabrió la puerta y Electricite de France y Enel (la principal compañía eléctrica italiana) están realizando un estudio de factibilidad para construir cuatro usinas atómicas en suelo italiano. En la Argentina, el gobierno nacional ha propuesto, con buen tino, reactivar el sector nuclear. Se decidió completar y poner en marcha (2011) la usina de Atucha II y extender la vida útil de la Central Embalse por otros 25 años. La Comisión Nacional de Energía Atómica ha sabido realizar una labor inteligente de absorción de tecnología, resolver problemas tecnológicos complejos (como el enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa) y fortalecer la infraestructura científico-tecnológica nacional. El próximo desafío es producir conceptos tecnológicos propios que puedan transformarse en proyectos viables e internacionalmente competitivos. La construcción de un reactor para usinas eléctricas pequeñas y medianas, a partir de un prototipo concebido, diseñado y construido en el país (el proyecto CAREM) es un paso lógico para avanzar en la concreción de dicha ambición. http://www.clarin.com/diario/2009/11/01/opinion/o-02031234.htm



	Oligopolio gasífero
	Por Ricardo Ortiz * y Martin Schorr **

	La política energética sostenida desde la salida de la convertibilidad muestra que los riesgos de no desandar el camino neoliberal y apostar a una suerte de “piloto automático” terminan siendo mayores que tomar firmemente el timón y recuperar el rol central del Estado en la formulación y ejecución de políticas. Y también en el control a las transnacionales energéticas que ejercen un poder dominante en la oferta de gas natural y petróleo. Las idas y vueltas del Gobierno con relación al reciente “tarifazo” de gas y electricidad, así como las cuestiones que entre tantas opiniones de funcionarios, legisladores, “expertos” y medios no se mencionaron, permiten descubrir cuáles son los intereses que continúan primando en el mercado energético local. La desregulación del sector hidrocarburífero iniciada en 1989 implicó la transferencia de poder de mercado hacia un núcleo reducido de capitales privados oligopólicos. Además, el carácter que abarcó el desguace y la posterior privatización de los activos de YPF expresó el cambio de enfoque sobre estos recursos naturales, que pasaron de ser considerados como estratégicos para el desarrollo, a un mero commodity cuya explotación desenfrenada sumaría unos puntos más en la cuenta del PBI y divisas a la balanza comercial. Ello se expresó de manera notable en la evolución de las reservas de hidrocarburos, que hasta el año 2005 siguieron una curva opuesta a la de su producción y exportación. Por ejemplo, si a principios de los ‘90 la estimación de reservas de gas alcanzaba los 25 años, a mediados de la presente década el horizonte de las mismas se había reducido a sólo 9 años. Esta caída se relaciona directamente con la disminución de la actividad exploratoria (en manos privadas), ya que mientras en los años ‘70 y ‘80 el promedio anual de pozos exploratorios osciló en alrededor de 140; entre 1993 y 1999 disminuyó a 105; y entre 2000 y 2005 cayó a 39. A su vez, en la segunda mitad de la década de 1990 comenzó un creciente y sostenido negocio para las grandes empresas hidrocarburíferas: la exportación de gas natural. Entre 1997 y 2004, las cinco firmas más importantes del sector pasaron de concentrar del 77 al 82 por ciento del total de la producción de este fluido. Esas empresas son Repsol YPF, Pan American Energy, Pluspetrol, Total Austral y Petrobras. Y al mismo tiempo que vendieron al exterior y sobreexplotaron recursos naturales no renovables como el gas y el petróleo de los yacimientos argentinos (sin control oficial), usufructuaron el enorme poder económico derivado de la “retirada del Estado” de una actividad en la que YPF había sido regulador durante seis décadas. Frente a esta situación, el modelo hidrocarburífero impulsado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner propuso “incentivar” la acción exploratoria y extractiva de las grandes transnacionales que operan en el sector. Así, la Ley 26.154 promulgada en octubre de 2006 establece beneficios impositivos y la eliminación de tasas y derechos de importación con un carácter similar al Régimen Minero aplicado desde 1993. Las empresas que soliciten su incorporación al sistema gozan de las exenciones por un plazo que oscila entre 10 y 15 años, de acuerdo con el tipo de área que se promueva. A las empresas que ya están explotando petróleo y gas también se les otorgan 10 años más de concesión sobre las nuevas áreas, a contarse a partir del vencimiento del plazo original de la concesión. Se “incentiva” así a las empresas que incumplieron con las tareas de exploración y explotación a las que se comprometieron con las concesiones. En 2008, tres firmas (Repsol YPF, Total Austral y Pan American Energy) controlaron el 66 por ciento del total de la producción de gas en la Argentina; y entre 2004 y 2008 sólo Repsol y Pan American concentraron más de las tres cuartas partes del total de los ingresos por exportaciones de gas, embolsando por dicho concepto más de 1250 millones de dólares. Hasta hoy, transcurridos 20 años de desregulación y privatización del sector hidrocarburífero, un pequeño grupo de empresas oligopólicas ha venido exportando gas a pesar de que el fluido escasea en el mercado interno y debe importárselo a precios internacionales que pagan los usuarios y el Estado (es decir, el conjunto de la sociedad), a través de las tarifas y los subsidios. El frustrado “tarifazo” reciente expresa los resultados de la ausencia de una política estatal que considere a los hidrocarburos como algo más que un commodity. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas de los últimos años (Bolivia, Venezuela), la política de hidrocarburos desde 2003 no propició un cambio estructural respecto de la crítica herencia del modelo neoliberal sino que buscó asociarse con los privados (extranjeros) en la captación parcial de la renta de este recurso natural a través de las retenciones. El resultado es que el sistema ha venido funcionando al borde de la crisis energética por la falta de inversiones de las empresas (fundamentalmente en exploración petrolera y gasífera) y que esos capitales han mantenido ganancias extraordinarias desde la devaluación de 2002. No casualmente han sido las grandes firmas del sector hidrocarburífero, junto con las megacorporaciones mineras, los agronegocios y ciertos oligopolios industriales, los principales ganadores en la post-convertibilidad. Llegados a este punto, después de dos décadas de políticas neoliberales hacia el sector energético, es hora de preguntarse si la conformación de un verdadero modelo redistributivo no debería reconocer a la nacionalización del petróleo y el gas como uno de sus principales pilares. * Sociólogo UBA. ** Investigador Conicet.
	Fuente Pagina 12 23/08/2009

	Dilemas de los recursos naturales
	Por: Jorge Lapeña

	En medio de una campaña política de bajo contenido republicano y alto nivel mediático Pino Solanas planteó una cuestión todavía irresuelta: la conveniencia de recuperar las rentas excepcionales de nuestros recursos. El discurso de Pino pegó fuerte en el electorado de la Capital y marcó que todavía hay temas por discutir en la política argentina. Recientemente Repsol dejó trascender que tiene ofertas de empresas chinas por YPF; no conocemos el alcance, la seriedad ni el objeto estratégico de esas ofertas. Pero más vale curarse en salud y averiguarlo, ya que en algún momento habrá que tomar una decisión de aprobación o rechazo. Tres cuestiones deben ser abordadas: nacionalización, estatización, reparto de rentas extraordinarias. Nacionalización de nuestros recursos. De acuerdo al artículo 124 de la CN, la Nación en el caso de la plataforma económica exclusiva y las provincias en sus respectivos territorios son la titulares del domino originario de los recursos naturales. Quien debe fijar las formas cómo se explotan y cómo se reparten las rentas entre los actores es el Congreso Nacional mediante la sanción de leyes. En el caso de los hidrocarburos es la Ley de Hidrocarburos; en los recursos hídricos, la Ley de la Energía Eléctrica; en los minerales, el Código de Minería; etc. El contenido de esas leyes sería una cuestión sustancial en el diálogo político y hace a una política de Estado; pero la responsabilidad es del Parlamento y -previamente- los partidos políticos deben ser muy claros sobre sus posturas. Estatización de compañías. Muchos confunden nacionalización con estatización; son conceptos distintos. La recompra de compañías que fueron vendidas por el Estado en los años 90 tiene hoy un precio que debe ser acordado. Este debe ser justo y nunca será cero. La cuestión es si el Estado tiene los recursos para realizar esa compra, y en caso de tenerlos, si esa es la mejor asignación que el país puede hacer aquí y ahora; habida cuenta la gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas de nuestra población. Veamos: ¿tendría sentido comprar YPF hoy si en el 2017 todos los yacimientos que ésta hoy posee pasarían sin cargo al Estado tal lo previsto en los contratos de concesión firmados en su mayoría en 1992? El mismo razonamiento se aplica a la mayoría de las centrales hidroeléctricas privatizadas en los 90. Si se adoptara el criterio anterior implica una toma de posición clara y sin ambigüedades -que ningún partido político ha hecho hasta el presente- que se podría enunciar de esta forma: a) "Al término de los plazos de las concesiones previstos en la legislación éstas revertirán al Estado sin costo alguno para éste, conforme lo establecido en los respectivos contratos y en la legislación". En el mismo orden de ideas: ¿por qué comprar las refinerías de YPF si allí no hay una fuente de rentas extraordinarias sino una operación industrial que transforma el recurso primario petróleo en derivados? Entonces cabe la pregunta: ¿cuándo conviene comprar una empresa?. La repuesta debería ser: sólo cuando pudiéramos asegurar que en manos del Estado se pueden alcanzar objetivos que no alcanzaríamos con la empresa en manos de los actuales dueños. Las rentas de nuestros recursos. En mérito a la brevedad analicemos nuestro sector petrolero para proponer criterios generales. Las áreas tradicionales comprenden cinco cuencas donde se hace una explotación intensiva y madura. Desde la desaparición de la YPF estatal, la forma operativa "contratos de concesión" de la ley 17319. Se trata de yacimientos viejos; la mayoría en declinación productiva, con costos crecientes. En este momento: las petroleras y los gobernadores de provincias petroleras piden "precio sostén para el crudo producido en estas áreas". En ellos no hay ya rentas extraordinarias; excepto las que puedan provenir de una elevación de los precios internacionales. Aquí lo más procedente es definir cómo participar de estas rentas si éstas se produjeran; y reorganizar la producción para evitar que continúe la caída productiva. Por otro lado existen las áreas marinas de nuestra plataforma económica exclusiva; las áreas no tradicionales del continente, a lo que podemos sumar las zonas no exploradas de las cuencas tradicionales. Se trata de inmensas superficies prácticamente inexploradas donde puede haber recursos importantes. La incertidumbre es alta pero acá sí puede haber rentas extraordinarias. En ellas los hidrocarburos requieren previamente ser descubiertos y puestos en producción. Acá es donde el dilema práctico aparece: una solución tipo 100% de la renta para el Estado puede ser "muy patriótica" pero poco práctica y poco beneficiosa para la generación presente. Inversamente, una solución 0% de la renta para el Estado será siempre "antipatriótica". El desafío es encontrar una solución justa y ésta debe provenir de la política. Estamos ante el desafío de decidir racionalmente el futuro de nuestros recursos naturales. Debemos definir con qué reglas legales los explotaremos y cómo haremos usufructo de las rentas.
	Fuente Diario Clarin 11/08/2009

	Dilemas de los recursos naturales
	Por: Jorge Lapeña

	Nacionalización, estatización y reparto de rentas extraordinarias son conceptos que suelen manejarse con liviandad. La Argentina se debe un debate en serio sobre ellos para tomar decisiones que beneficien a la Nación y no a unos pocos. En medio de una campaña política de bajo contenido republicano y alto nivel mediático Pino Solanas planteó una cuestión todavía irresuelta: la conveniencia de recuperar las rentas excepcionales de nuestros recursos. El discurso de Pino pegó fuerte en el electorado de la Capital y marcó que todavía hay temas por discutir en la política argentina. Recientemente Repsol dejó trascender que tiene ofertas de empresas chinas por YPF; no conocemos el alcance, la seriedad ni el objeto estratégico de esas ofertas. Pero más vale curarse en salud y averiguarlo, ya que en algún momento habrá que tomar una decisión de aprobación o rechazo. Tres cuestiones deben ser abordadas: nacionalización, estatización, reparto de rentas extraordinarias. Nacionalización de nuestros recursos. De acuerdo al artículo 124 de la CN, la Nación en el caso de la plataforma económica exclusiva y las provincias en sus respectivos territorios son la titulares del domino originario de los recursos naturales. Quien debe fijar las formas cómo se explotan y cómo se reparten las rentas entre los actores es el Congreso Nacional mediante la sanción de leyes. En el caso de los hidrocarburos es la Ley de Hidrocarburos; en los recursos hídricos, la Ley de la Energía Eléctrica; en los minerales, el Código de Minería; etc. El contenido de esas leyes sería una cuestión sustancial en el diálogo político y hace a una política de Estado; pero la responsabilidad es del Parlamento y -previamente- los partidos políticos deben ser muy claros sobre sus posturas. Estatización de compañías. Muchos confunden nacionalización con estatización; son conceptos distintos. La recompra de compañías que fueron vendidas por el Estado en los años 90 tiene hoy un precio que debe ser acordado. Este debe ser justo y nunca será cero. La cuestión es si el Estado tiene los recursos para realizar esa compra, y en caso de tenerlos, si esa es la mejor asignación que el país puede hacer aquí y ahora; habida cuenta la gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas de nuestra población. Veamos: ¿tendría sentido comprar YPF hoy si en el 2017 todos los yacimientos que ésta hoy posee pasarían sin cargo al Estado tal lo previsto en los contratos de concesión firmados en su mayoría en 1992? El mismo razonamiento se aplica a la mayoría de las centrales hidroeléctricas privatizadas en los 90. Si se adoptara el criterio anterior implica una toma de posición clara y sin ambigüedades -que ningún partido político ha hecho hasta el presente- que se podría enunciar de esta forma: a) "Al término de los plazos de las concesiones previstos en la legislación éstas revertirán al Estado sin costo alguno para éste, conforme lo establecido en los respectivos contratos y en la legislación". En el mismo orden de ideas: ¿por qué comprar las refinerías de YPF si allí no hay una fuente de rentas extraordinarias sino una operación industrial que transforma el recurso primario petróleo en derivados? Entonces cabe la pregunta: ¿cuándo conviene comprar una empresa?. La repuesta debería ser: sólo cuando pudiéramos asegurar que en manos del Estado se pueden alcanzar objetivos que no alcanzaríamos con la empresa en manos de los actuales dueños. Las rentas de nuestros recursos. En mérito a la brevedad analicemos nuestro sector petrolero para proponer criterios generales. Las áreas tradicionales comprenden cinco cuencas donde se hace una explotación intensiva y madura. Desde la desaparición de la YPF estatal, la forma operativa "contratos de concesión" de la ley 17319. Se trata de yacimientos viejos; la mayoría en declinación productiva, con costos crecientes. En este momento: las petroleras y los gobernadores de provincias petroleras piden "precio sostén para el crudo producido en estas áreas". En ellos no hay ya rentas extraordinarias; excepto las que puedan provenir de una elevación de los precios internacionales. Aquí lo más procedente es definir cómo participar de estas rentas si éstas se produjeran; y reorganizar la producción para evitar que continúe la caída productiva. Por otro lado existen las áreas marinas de nuestra plataforma económica exclusiva; las áreas no tradicionales del continente, a lo que podemos sumar las zonas no exploradas de las cuencas tradicionales. Se trata de inmensas superficies prácticamente inexploradas donde puede haber recursos importantes. La incertidumbre es alta pero acá sí puede haber rentas extraordinarias. En ellas los hidrocarburos requieren previamente ser descubiertos y puestos en producción. Acá es donde el dilema práctico aparece: una solución tipo 100% de la renta para el Estado puede ser "muy patriótica" pero poco práctica y poco beneficiosa para la generación presente. Inversamente, una solución 0% de la renta para el Estado será siempre "antipatriótica". El desafío es encontrar una solución justa y ésta debe provenir de la política. Estamos ante el desafío de decidir racionalmente el futuro de nuestros recursos naturales. Debemos definir con qué reglas legales los explotaremos y cómo haremos usufructo de las rentas.

	Fuente: Clarín 11/08/2009

	Reconstruir una petrolera pública es deber patriótico
	Por: Fernando "Pino" Solanas

	Ante la crisis energética se debe librar una batalla cultural para promover conductas éticas y no soslayar el debate imprescindible entre opciones autónomas o dependientes.

	Agradezco a Jorge Lapeña que en su nota en esta sección el 11 de agosto retomara temas que planteamos durante la campaña electoral, como "la conveniencia de recuperar las rentas excepcionales de nuestros recursos", agregando que "todavía hay temas por discutir en la política argentina". En efecto, nuestra dirigencia no discute los grandes temas nacionales, como si se hubiera resignado a tratar una agenda impuesta desde afuera. Sin un proyecto nacional propio, hace décadas navega a la deriva entre propuestas de corto plazo y una cultura de la derrota que, a diferencia del Brasil, le impide plantearse objetivos estratégicos. Aún hoy, ni la industria ni el campo plantean la reconstrucción del sector energético o del sistema ferroviario que es 5 a 8 veces más económico que el automotor. Siendo la Argentina uno de los grandes exportadores de granos, se despilfarran más de US$ 3.000 millones anuales en fletes marítimos cuando con un tercio de esa cifra podríamos construir en nuestros astilleros una flota de 40 cargueros de 30.000 toneladas. Estamos ante una crisis energética y una vez más, el debate entre lo público y privado, entre una opción autónoma o dependiente, se sigue soslayando. ¿Por qué no tenemos gas y debe importarse de Egipto a precio internacional? De un dólar el millón de BTU pasamos a pagar 10. ¿Quién debe pagar los nuevos costos: los usuarios, el Estado o las empresas? Las petroleras fueron el sector que más utilidades obtuvo en estas décadas y más remesas envió al exterior. ¿Cómo pueden argumentar que no invierten porque no le dan los costos? Producen el barril de crudo a US$ 6 y lo venden a las refinerías a US$ 52 y 47. Recibiendo más beneficios fiscales que otros sectores productivos, no cumplieron con las inversiones prometidas para mantener el autoabastecimiento. El mito de la multiplicación de las reservas terminó en un grosero vaciamiento: de 35 años de gas que había en 1990, hoy no llegan a cinco porque construyeron nueve gasoductos para llevarse el recurso al extranjero y venderlo a precio internacional. La complicidad es tal, que hasta hoy se permite que las petroleras extraigan sin control público, a simple declaración jurada. Somos el único país del mundo que les cedió el ciclo completo de la explotación: extracción, transporte, refinación y venta. ¿Cómo admitir que en dos décadas ningún gobierno haya realizado una auditoría de reservas en los yacimientos? La consecuencia de la impunidad es que después de 20 años de privatización estamos importando fueloil, gasoil y gas, un tercio de la población está en la pobreza y hasta las provincias petroleras están endeudadas. Al retirarse el Estado, la matriz energética se fue degradando y hoy el 85% de la energía proviene de los hidrocarburos. Se quema gas subsidiado para que las empresas privatizadas generen electricidad: el 58% de los 140 millones de BTU que se consumen al día alimentan las centrales eléctricas. Desde la privatización no se construyó ninguna represa hidroeléctrica, ninguna destilería, ni desarrollaron energías alternativas como eólica, solar, mareomotriz, hidrógeno. Ningún gobierno les exigió cumplir las concesiones, reponer las reservas que extraían -como es norma en esta industria- o rescindirlas por incumplimiento, sobreexplotación de yacimiento o contaminación. El doctor Félix Herrero ha señalado diversas violaciones de la Ley de Hidrocarburos (17.319) y a las concesiones. ¿Cuál es la razón para que no se les apliquen las cláusulas de recesión de los contratos? Comparto con Lapeña que "tres cuestiones deben ser abordadas: nacionalización, estatización, reparto de rentas extraordinarias". Hoy el 85% de las reservas mundiales son estatales y más del 70% de nuestra población apoya la nacionalización. Proyecto Sur propone anular los tres decretos desreguladores de Menem y volver al Art. 40 de la CN de 1949 que establecía el dominio nacional y la participación federal de la renta: los recursos petroleros deben volver a la Nación y ser coparticipables. Respecto a la estatización de las compañías, se deberá considerar el valor que pagaron con la privatización, menos la disminución de reservas y la amortización de los bienes físicos y los excedentes de ganancias sobre una utilidad razonable. Esperar que en el 2017 reviertan las concesiones con prórrogas continuas de los yacimientos (Loma La Lata, Cerro Dragón y ahora El Trapial) parece un tanto ingenuo, mientras no haya un cambio de 180 grados de la política energética. Se puede discutir si lo conveniente es comprar YPF o crear una nueva petrolera, pero no debería permitirse que se transfiera a nuevos dueños, sean chinos, rusos o americanos. Daniel Aspiazu señala que el proceso de concentración y extranjerización se acentuó en la Argentina: las ocho primeras empresas son extranjeras y extraen el 85,1% del crudo y el 92,3% del gas. El país tiene recursos y rentas extraordinarias que debe recuperar a fin de reinvertirlas en la construcción de un proyecto emancipador. La mayor de ellas es la petrolera. YPF y Gas del Estado fueron obra de Yrigoyen y Perón. Honremos su memoria: la reconstrucción de una petrolera pública es una cuestión patriótica que no reconoce banderías y que no puede abordarse al margen de la democratización de las instituciones. Se trata de una batalla cultural que convoca a promover desde la escuela, las universidades, sindicatos y medios, una conciencia patrimonial y una ética pública: hacer negocios privados con bienes públicos es un infamante delito.

	Fuente Diario Clarin 1/09/2009

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